En una eficiente labor de defensa judicial, el Instituto Nacional de Vías logró ahorrarle al Estado el pago de una millonaria suma en procesos reivindicatorios contra la entidad.
El Director General del Instituto Nacional de Vías, Carlos Rosado Zúñiga, informó que la Corte Constitucional declaró la nulidad de 37 procesos desfavorables a la entidad, donde el Estado dejó de cancelar 30.608 millones de pesos, que indexados a valor presente, equivalen a 30.850 millones de pesos aproximadamente, correspondientes a las pretensiones de los demandantes.
En una ardua y eficiente labor de litigio, los abogados que ejercen la defensa judicial instauraron 54 acciones de tutela, de las cuales 38 ya fueron favorables, logrando que las sentencias condenatorias fueran declaradas nulas y se le reconociera a INVÍAS sus derechos fundamentales al debido proceso y al de defensa.
Las condenas a la entidad habían sido impuestas en virtud de la supuesta ocupación de terrenos rurales a particulares para la construcción y rehabilitación de vías terciarias por parte del liquidado Fondo Nacional de Caminos Vecinales, en el departamento de Sucre dentro de procesos judiciales denominados como reivindicatorios agrarios.
Al respecto, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, el pasado 4 de diciembre se pronunció y dijo que se encontró que desde el 2007 la justicia ordinaria profirió 38 condenas y que dichas reclamaciones fueron tramitadas mediante un procedimiento distinto al señalado en la Ley, ya que debieron ser conocidas por la justicia de lo contencioso administrativo, pues éstas afectan el patrimonio público.
Actualmente cursan 287 procesos reivindicatorios cuyas pretensiones ascienden a un monto superior a los 334 mil 652 millones de pesos, de los cuales 14 el Tribunal Administrativo de Sincelejo se abrogó la competencia por ser la jurisdicción de lo contencioso administrativo la llamada a resolver las pretensiones incoadas en dichos procesos.
El Director de INVÍAS resaltó el éxito de la labor realizada por los funcionarios de la entidad que actúan como abogados defensores, y el nivel de compromiso en el cumplimiento de las políticas gubernamentales de Defensa Judicial del Estado, frente a estos logros donde particulares, presumiblemente han pretendido sacar provecho del Estado, ocasionando un grave detrimento patrimonial.
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