Actualmente se presenta una extracción ilegal de oro a lo largo de la cuenca del Río Dagua, actividad que no ha sido generada por la construcción de la obra y no tiene relación alguna con el desarrollo del proyecto.

Esta actividad que ha ido en crecimiento durante los últimos meses, y que inició de manera artesanal, reúne hoy aproximadamente a 5000 personas, quienes además de poner en riesgo su vida, realizan de manera ilícita la extracción de oro a lo largo del Río, con equipos como motobombas, dragas y retroexcavadoras realizando la excavación de agujeros en los limites entre la orilla y la línea de aguas máximas actuales, provocando una variación constante en la dinámica del Río Dagua y desestabilizando su cauce, ya que los meandros naturales cambian de manera abrupta para poder llenar los mencionados agujeros, aumentando la velocidad del río a causa del incremento de la pendiente del fondo, produciendo aguas abajo la aparición de erosión sobre las orillas.

La forma en la cual se ha perforado la orilla la ha debilitado dejándola susceptible a las crecientes que removerán este material, llevándolo aguas abajo donde sedimentará afectando las bocatomas, los cultivos de la ribera del Río Dagua y el dragado de acceso al puerto de Buenaventura. Sumado a lo anterior se presenta el impacto producido por el uso de elementos químicos como azogue y mercurio de alta concentración, los cuales se utilizan para optimizar el proceso de extracción y que después de ser utilizado es arrojado a las aguas del río, contaminándolo con un material considerado altamente peligroso por su potencial de biomagnificación, teratogénico y carcinogénico.

Esta actividad ilegal está afectando hoy, la estabilidad de la vía actual, la línea del ferrocarril y las obras en construcción de la Segunda Calzada, poniendo en inminente riesgo la cimentación de los viaductos Bendiciones y Boquerón, el sitio de disposición de materiales "Katanga" (PR38+700), cambiando el curso del río en el PR 31+300 y afectando la estabilidad de una estructura de contención construida en el desarrollo de este proyecto. Igualmente han sido intervenidas por estas maquinarias las zonas licenciadas por el Contratista para la explotación de materiales en el sector de Sombrerillos y La Perla (PR47+860), lo cual ha generado la necesidad de construir un nuevo muro de contención en el PR33+500, debido a la caída de la banca de la vía existente, requiriendo así, mayores inversiones y poniendo en riesgo la ejecución de la totalidad de las obras previstas por esta entidad. Adicional a todos los problemas expuestos, se pone en riesgo la vida de los habitantes aledaños al río, quienes podrían ser afectados por efectos de crecientes o avalanchas como la presentada en abril de 2006.

El Instituto Nacional de Vías manifiesta su desacuerdo y preocupación con esta extracción desarrollada de manera ilegal en el cauce del río e insta a las dependencias de orden nacional, departamental y municipal, a las autoridades mineras, ambientales, a los entes de control y a las fuerzas armadas a realizar una verificación de todas las normativas con referencia a estas actividades, y realizar los controles necesarios para vigilar y realizar el seguimiento necesario para controlar o impedir su ejecución.

ENRIQUE MARTÍNEZ ARCINIEGAS

Director General